Si Goldman Sachs montó una complicada estructura de ingeniería financiera para ocultar el déficit público de Grecia, en España, parece que la administraciones públicas en España no se complican tanto la vida y opta por un método mucho más simple pero probablemente incluso más eficaz.


Al retraso en el pago de sus obligaciones de algunas administraciones o entidades ( el Ayuntamiento de Madrid está pagando a sus proveedores a 9 meses y no sería de extrañar que pronto esté pagando a un año), le tenemos que añadir una bolsa importante de facturas, imposibles de cuantificar, que simplemente no cuentan a nivel de deuda porque o bien se guardan en el cajón y no son contabilizadas o bien  simplemente se le exige al proveedor que ni se le ocurra entregar la factura y que se espere a 2011 .

Los que hemos tratado alguna vez con las administraciones públicas, sabemos que la práctica de “guardar” las facturas en el cajón suele ser bastante habitual y no es una novedad. Sin embargo parece que con la financiación cerrada, la crisis de la deuda soberana y la crisis económica, lo de guardar las facturas en el cajón empieza a cobrar dimensiones considerables.

Según datos empresariales, la morosidad de las administraciones públicas a pymes y autónomos se situaría en estos momentos en alrededor de 30.000 millones de euros.

Cómo os podéis imaginar la morosidad de las administraciones públicas en estos momentos está causando un daño a muchas pymes que puede ser totalmente irreversible. Os puedo poner el caso de una pyme que factura poca más de 1 millón de euros, que prestó un servicio a una administración pública antes del verano por unos 60 mil euros y que llegados a Noviembre le han exigido que ni se le ocurra emitir la factura en 2010 que se espere a 2011.

Ya no es que no podrá cobrar la factura hasta muchos meses después de haber prestado el servicio, es que ni la podrá contabilizar como ingreso en este 2010 por lo que probablemente cierre el ejercicio en pérdidas y aún tenga más complicado que los bancos le den financiación.La situación es totalmente perversa.

A algunos nos intentarán vender que los problemas financieros de la administración en España es culpa de “malvados” especuladores internacionales, pero que queréis que os diga.  A cualquier empresa que estuviera pagando a sus proveedores a más de 9 meses y que encima les pida que no emitan facturas por servicios efectivamente prestados le instarían un concurso de acreedores.