El Gobierno español traslada a Europa su idea de Internet: es un nido de delincuentes y “un instrumento de regresión social.

Los ministros de Justicia de la Unión Europea discuten desde este mediodía de manera informal un documento (PDF) remitido por el Gobierno español como presidente de turno en el que se comparan los delitos contra la propiedad intelectual con la pornografía infantil y se hacen afirmaciones tan extremas como que la red se ha convertido en un “instrumento de regresión social”.
En su particular cruzada contra la red, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero propone a sus socios europeos la búsqueda de soluciones para bloquear los contenidos relacionados con “infracciones de la propiedad intelectual, contenidos xenófobos y racistas, y pornografía infantil” y alerta sobre los efectos negativos que tiene el “anonimato” en la red de cara a la comisión de delitos.
Sobre el abuso sexual de menores, la presidencia española alerta a sus socios de que las nuevas tecnologías han facilitado “los medios ideales para la comisión y transmisión de estos delitos particularmente horribles”, para afirmar – a renglón seguido – que “la violación de la propiedad intelectual a través de Internet ha alcanzado tal extensión que está poniendo en peligro la actividad creativa en sí misma”.
En cuanto a los contenidos xenófobos, el texto afirma que la red es “un lugar idóneo para su difusión y proselitismo”, debido al anonimato, y concluye que “Internet se ha convertido en un instrumento de regresión social”.

 

Una vez perfilada la red como culpable de todos los males, el texto plantea a sus socios que aporten ideas para combatir la pornografía infantil y defender los derechos de propiedad intelectual dentro del propio ámbito europeo y en caso de que los autores alojen sus servicios fuera de la Unión Europea.

La iniciativa se enmarca dentro de la campaña del gobierno de Zapatero contra la red, pocas semanas después de haber propuesto una serie de modificaciones legales que permitan cerrar webs y equiparar la propiedad intelectual con un derecho fundamental, y apenas unos días después de que el ministro de Industria, Miguel Sebastián, defendiera la necesidad de cobrar una tasa a Google a favor de las operadoras telefónicas.